La polémica por la reforma agraria: “La expropiación no es la solución”

El autor hace una análisis jurídico e histórico de la polémica propuesta de Juan Grabois, quien dijo que en la Argentina nadie debería tener más de 5.000 hectáreas y pidió entregar parcelas a 50.000 pequeños productores.

Resulta difícil probar la utilidad pública de expropiar a unos propietarios, en mérito a la extensión de sus propiedades para entregarlos a otros nuevos que no se sabe siquiera si sabrán explotarlas. El antecedente -en cuanto a entrega de tierras, no por medio de expropiación- de la conquista del desierto lo demuestra: en el caso se pagó o se entregó a muchos soldados extensas regiones de tierras la que fueron posteriormente canjeados por estos “por un recado” o por víveres o vinos ya que desconocían la forma de explotarlas.
 
 
Pocos fueron los que siendo absolutamente pobres, decidieron quedarse, con grandes sacrificios personales y familiares lograron explotarlas y conseguir un beneficio económico, y algunos de sus descendientes serían los que estarían sujetos a la expropiación pretendida, precisamente para “premiar” el esfuerzo y dedicación de varias generaciones.
 
En definitiva, debería hacerse un amplio estudio de la capacidad de realizar la explotación agrícola por parte de quien la recibiera, aparte de obligarlo a no venderla. Sin perjuicio de lo cual no habría “utilidad pública” en los términos que la Corte Suprema de la Nación ha resuelto en varios fallos -entre otros fallos “Elortondo” y “O’Connor” y en la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, fallo “Barrio Uspallata”- si no solamente utilidad privada de quienes reciben la tierra.
 
Por otra parte, se estaría violando la igualdad ante la ley si no se entregara la misma parcela de tierra a todos los habitantes de la República Argentina, ya que la condición de carenciado no es definitiva y quien hoy no lo es, mañana podría serlo, aparte de ello, ocurrirá que muchas personas que hoy no se consideran carenciadas, quedarán económicamente por debajo de aquellas a las que se les entregaría las tierras expropiadas en cuyo caso tendrían derecho a reclamar que se le iguale la condición, lo que evidentemente contradice el espíritu de nuestra Constitución Nacional.
 
El hecho de que a quienes se las entregaría la tierra sean carenciados no los lleva a ser una categoría de personas sujetas a los beneficios de la utilidad pública de expropiación, ya que esta expropiación de ninguna manera demuestra que dejaran de serlo por el hecho de tener la tierra, salvo probablemente si la venden en cuyo caso, bastaría con entregarles el valor de la fracción y no la tierra en sí.
 
A todo evento debería buscarse la forma en que dejen de ser carenciadas -que implica un amplio y postergado debate de la sociedad argentina para establecer una forma de sólido crecimiento económico que beneficie a todos y en especial a los más necesitados-, la que dista mucho de la entrega de tierras, las cuales necesitan de capital para ser utilizadas con fines de producción.
 
La tierra como forma de evitar la carencia económica.
 
Se parte de un errado paradigma basado en que la posesión de tierra evita la carencia económica. Tanto en Japón como Singapur, la tenencia de tierra está limitada a muy pocos y ello no es óbice para que el ingreso “per capita” de sus habitantes sea muy superior a la del promedio de los argentinos. Es más, en la mayoría de los países las poblaciones urbanas tienen mejor estándar de vida que las rurales y sus beneficiarios carecen de la propiedad de la tierra, en muchos casos aún de vivienda, la que alquilan. En los Estados Unidos, los Estados más pobres son precisamente los agrícolas.
 
La superficie límite para no ser expropiados.
 
Cualquiera que conozca la República Argentina sabe que, según la ubicación geográfica de la tierra, la extensión de la misma no implica igual rentabilidad. Paso a explicarme: no es lo mismo 5.000 hectáreas en la zona más fértil de Rojas o Pergamino, que la misma extensión en las peores zonas del Chaco, Misiones, Catamarca, Chubut, Santa Cruz o Tierra del Fuego. En algunos de los territorios citados con esa extensión difícilmente pueda siquiera vivir una familia en base a dicha tierra ya que son desiertos que necesitan de décadas de desarrollo e inversión, tanto privada como estatal en lo que a infraestructura respecta, para poder ser productivas y mantener siquiera a una sola familia.
 
Si lo que se busca es que los carenciados vivan en base al trabajo de la tierra, no es necesaria expropiación alguna, ya que son vastos los territorios que pueden ser utilizados y que se encuentran en posesión del Estado Nacional. Si, probablemente, estas tierras no tengan el beneficio de décadas y hasta siglos de labranza y mejoramiento por parte de los antecesores de los actuales propietarios.
 
Ahora bien, el beneficio de una tierra trabajada por estos períodos por sus propietarios y descendientes, son una ventaja obtenidas por éstos es base a precisamente la labranza de la misma. Si lo que se quiere es entregar este proceso de mejoramiento para que el carenciado no tenga que hacerlo, se estaría nuevamente afectando el derecho de igualdad ante la ley, establecido pro el art. 18 de la Constitución Nacional.
 
Por otra parte, si bien no en la forma expropiatoria propuesta por Grabois, ya han existido y existen en la actualidad planes de entregas de tierras (ver ley 23.967 del año 1991) que evidentemente no han sido de utilidad para erradicar la pobreza. Se desconoce si el Decreto 1096/2018 (Plan Arraigo) que la ha reglamentado recientemente puede llegar a ser de utilidad a tal fin.
 
Asimismo, desde un punto de vista sociológico son varias las sociedades carenciadas que actualmente poseen tierras donde está construida su vivienda y que cuentan con espacio de tierra, donde sus moradores no han plantado siquiera una pequeña quinta para sus necesidades alimenticias más apremiantes, y ello no se menciona en desmedro de dichos habitantes, sino para demostrar que la pobreza es más una cuestión de educación que de posesión de tierras, ello aparte de un sistema socio económico que casi diríamos literalmente impide el desarrollo por medio del trabajo, sistema ampliamente utilizado por los países con menor pobreza y que es contrario a las propuestas como la que se trata en esta nota.
 
La solución de los problemas de las personas carenciadas definitivamente no tendrá solución mediante expropiación alguna, y es más un “caballito de batalla” que no sólo perjudica a la producción agrícola, sino que también a la población más necesitada, en cuanto crea un fantasma respecto a la posibilidad de inversiones que es la que en primer término da trabajo y por ende ingresos a los más carenciados.
 
Nota de Redacción: el autor es abogado en el estudio Reigada & Borda.
 
FUENTE: CLARIN- www.clarin.com/rural- 04/09/2019

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